Hace poco conocíamos que el 20% de los asalariados españoles son funcionarios, lo que supone que hay más de 3 millones de funcionarios en nuestro país, para una población de 44.708.964 (INE 2006) de personas. Asimismo, desde enero de 2008, 2,3 millones de personas han perdido su empleo, al tiempo que la Administración contrataba a 192.000 nuevos funcionarios.

Las administraciones autonómicas disponen de 1,7 millones de funcionarios, mientras que 544.000 trabajan para el Gobierno central, 664.000 para los ayuntamientos y 152.000 para otras empresas públicas y universidades.

El siguiente gráfico ilustra el número de funcionarios según Comunidades Autónomas:

Como se observa en la tabla, el número de funcionarios en cada Comunidad Autónoma varía entre algo más del 15%, y el 34,9% de los asalariados. Este último es el caso de Extremadura, donde más de un tercio de las personas asalariadas son funcionarias.

Está claro que estos porcentajes habrán crecido porque las administraciones no han disminuido el número de efectivos porque salvo excepciones tienen la obligación de mantener a dichos trabajadores en plantilla incluso si ya no fueran necesarios. Así que la medida adoptada hoy de recortar un 87% la contratación pública por parte del Gobierno central, aunque ha sido mal acogida por los sindicatos, tiene mucha lógica: una empresa (o administración, en este caso) no puede seguir contratando trabajadores si, por la coyuntura económica no los va a poder mantener y/o se observa o prevé un descenso muy fuerte de la demanda de servicios/productos.

Así, el recorte en la contratación supondrá un ahorro de 280 millones de euros sólo en este 2010, lo que ayudará a mejorar las cuentas públicas, que acumulan un déficit del 11,4%.